Polémica genera ley que pena con cárcel difusión de comunicaciones privadas

El Congreso de la República aprobó la denominada ‘Ley mordaza’, la misma que genera rechazo de diversos gremios periodísticos

La iniciativa castiga con una pena de entre dos y cuatro años de cárcel al que interfiera, escuche o difunda una comunicación privada, "independientemente del medio a través del cual haya tenido lugar".

La norma modifica el artículo 162 del Código Penal y precisa que si el agente de difusión es un funcionario público, la pena podría llegar hasta los cinco años y la correspondiente inhabilitación para ejercer funciones en el Estado.

Pero, el proyecto se hace la salvedad siguiente: “Está exenta de responsabilidad la difusión de comunicaciones que tuviesen un contenido delictivo perseguible por acción penal pública”.

Según el congresista Javier Bedoya, autor de la iniciativa,  en el caso de la duda será el juez quien determine si la comunicación tiene contenido delictivo, si es que el agraviado presenta la denuncia contra el periodista o medio de comunicación.

Bedoya  presentó este proyecto el año pasado, luego que durante la campaña electoral a la alcaldía de Lima se difundieran conversaciones telefónicas de la entonces candidata pepecista Lourdes Flores, donde menospreciaba el cargo al cual aspiraba.

El también pepecista Alberto Beingolea, presidente de la Comisión de Justicia, fue quien sustentó el proyecto y justificó la drástica medida al señalar que el objetivo es evitar la interceptación de las comunicaciones.  Dijo que la pena no significa cárcel efectiva, es una especie de reproche penal. Solo vamos a ampliar un tipo.

ABUGATTÁS DE ACUERDO

Una vez aprobado el proyecto de ley, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, lo respaldó y manifestó que no tiene la intención de recortar la libertad de expresión. "Es un tema bastante sensible, hay mucha gente que, de una manera u otra, es perjudicada con conversaciones de la vida privada".

Abugattás señaló que está claro que la norma no penaliza la difusión de comunicaciones que evidencian delitos. "Hay que tener tranquilidad, cualquier persona que tenga un material puede consultarlo en el Ministerio Público".

Bedoya: "Ley mordaza nació gracias a campaña de Jaime Bayly"

La “Ley mordaza” nació gracias a la campaña del periodista Jaime Bayly, aseguró Bedoya de Vivanco dijo en una entrevista con Betto Ortiz,.

Aclaró que dicha ley no es una amenaza a la libertad de expresión y que su objetivo es solo garantizar el derecho a la intimidad a las personas, tal como se expresa en el artículo dos de la Constitución del Perú.

"Lo que yo estoy protegiendo es el precepto constitucional que toda persona tiene derecho al hornor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como, a la voz y a la imagen propia", señaló.

CPP  rechaza “Ley Mordaza”

En tanto, el Consejo de la Prensa (CPP)  Peruana mostró su preocupación “ante las graves consecuencias para la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información, implícitas en el autógrafo del proyecto de ley que propone modificar el artículo 162º del Código Penal, referido a la intervención de las comunicaciones privadas”.

 Mediante un comunicado, la institución señaló que la iniciativa legislativa aprobada por el Pleno del Congreso de la República “propicia un ambiente proclive a la censura al establecer sanciones privativas de la libertad a quienes difundan materiales producto de la interceptación”.

 “Exime de responsabilidad únicamente a la difusión de materiales de contenido delictivo perseguible por acción penal pública o contraria a la normatividad vigente, esto en detrimento del derecho ciudadano de acceder a información de interés público”, consigna la nota.

 Asimismo, la institución consideró que se debe resaltar que el Consejo de la Prensa no se opone a que el Poder Judicial sancione a quienes infringen la ley mediante la interceptación ilegal de las comunicaciones.

 Sin embargo, coincidieron con el criterio del Tribunal de Ética que establece que corresponde a los directores y editores de cada medio de comunicación privilegiar el interés público exclusivamente en situaciones de conflicto entre aquellos derechos fundamentales vinculados a la intimidad y a la libertad de expresión.

 “El Consejo de la Prensa Peruana exhorta al Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, a que, consecuente con su compromiso con la lucha anticorrupción, observe y no promulgue la propuesta legislativa,  máxime cuando en el pasado revelaciones de esta naturaleza han contribuido a develar actos de corrupción en torno a temas de interés público, que de otra manera hubieran quedado impunes”, solicitaron.

IPYS pide al Ejecutivo observar la norma

Asimismo,  Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera como una iniciativa impracticable y  contradictoria, que limita claramente la libertad de informar.

“Lo impracticable es que el periodismo  haga un estudio jurídico antes de dar cuenta de hechos de interés público para determinar si son delictivos o

ilegales. Eso es tarea de la justicia, no de la prensa. Si existe información de interés público, así haya sido obtenida ilegalmente, debe ser  puesta en conocimiento de la opinión pública, independientemente de que se investigue y sancione a quien la interceptó indebidamente”.

 Lo contrario – señala mediante un pronunciamiento -  implicaría privar a la colectividad de conocer hechos relevantes que permitan formar una opinión plural y libre, base de toda sociedad democrática y sustento de todo estado de derecho que se respete. Ello limita considerablemente la libertad de informar e impediría difundir comunicaciones que revelaran hechos de gran relevancia, como por ejemplo:

• El compromiso de altos funcionarios públicos en conductas  contrarias a la ética o moralmente reprochables, aunque no constituyan delito ni contravengan norma legal alguna, como recientemente ha sostenido en su defensa el vicepresidente  Omar Chehade.

• Graves contradicciones entre el discurso público y privado de un gobernante en asuntos de alto interés nacional.

• Falta de idoneidad o capacidad de un funcionario público para el ejercicio de su cargo o en asuntos de alto interés público.

• La identificación de los autores de una campaña de difamación anónima contra políticos de oposición al gobierno.

Nada de lo anterior es delito  ni contraviene el orden legal establecido. Si bien la modificación en cuestión puede estar inspirada o busque el fin legítimo de proteger el derecho al secreto e inviolabilidad  de las comunicaciones (ya regulado por el Código Penal), los medios utilizados no resultan compatibles con la libertad de expresión.

En tal sentido, en el marco de su reiterada posición pública en defensa de la libertad de expresión, el IPYS exhorta al Presidente de la República a observar la autógrafa que con los desatinos señalados remitió el Congreso.

Vargas Llosa: la libertad de prensa no debe convertirse en libertinaje

Del debate no está ajeno el escritor Mario Vargas Llosa. Comentó que a pesar que no conoce el texto de la ley, la libertad es muy importante, pero no debe permitirse que se convierta en libertinaje.

“La mordaza es algo que no debemos aceptar, y está reñida con la democracia. No sé si esta ley merece ese calificativo, entiendo que su intención es que se respete la privacidad y no sea materia de escándalo, que la aproveche la prensa amarilla, eso es respetable, pero no la depredación de la libertad”, refirió.

Asimismo, consideró que la prensa tiene una labor de fiscalización muy importante, así como en la denuncia de abusos e injusticias, por lo que debe estar garantizada, pero no debemos permitir que dentro de esta actitud se introduzca la difamación y la calumnia, “aspecto presente en el periodismo de hoy”. (Fuente La República).