Advierten problemas de intolerancia contra la prensa en el Perú

Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), director del diario Siglo XXI, de Guatemala, es uno de los periodistas más satanizados por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Ecuador, Rafael Correa.

El gobierno venezolano lo declaró hace poco persona no grata y fue amenazado con la expulsión de ese país por expresar una opinión crítica contra el gobierno de Chávez en el cierre de RCTV. Es hombre de prensa y empresario que habla fuerte. "Los Hugo Chávez, Rafael Correa o Cristina Fernández no les gusta escuchar lo que la SIP les dice y lo que exigimos como derecho para sus conciudadanos", dijo en entrevista con este diario.

Correo: ¿Cómo evalúa la SIP las leyes que en varios países de América Latina están penalizando los llamados delitos de prensa (difamación, injuria y calumnia)?

Gonzalo Marroquín: En los países con auténtico espíritu democrático, donde se valora la libertad de expresión, el derecho a recibir información y la libertad de prensa, se está despenalizando los delitos de prensa que son difamación, injuria y calumnia. Pero en los países donde se pretende controlar la información, se está utilizando la penalización para poder restringir los espacios de libertad. Es una tendencia antidemocrática y una actitud que atenta contra el derecho que tiene la población a recibir información.

C: ¿La despenalización de los delitos de prensa es una de las líneas de trabajo de la SIP?

GM: Sí. Nosotros sostenemos que, en primer lugar, se debería despenalizar. México despenalizó, Guatemala quitó esa ley, Chile, también. Hay una tendencia auténticamente democrática a despenalizar.

C: ¿No está ocurriendo lo mismo en el Perú y otros países de la región?

GM: En Venezuela, Ecuador, y creo que aquí, en Perú, han habido casos en los cuales se persigue penalmente a los periodistas acusados de difamación, injuria y calumnia. Esto se convierte, indudablemente, en un atentado contra la libertad de prensa.

C: El control estatal de la información perjudica sólo a los periodistas?

GM: Fundamentalmente, y esto es importante que se destaque, a quien se está castigando es al pueblo porque lo que se quiere es que la prensa se autocensure para no evitar procesos y demandas que se está iniciando.

ECUADOR Y CORREA

C: ¿Cómo observa la SIP la situación de la libertad de prensa en Ecuador? ¿Está de acuerdo en que se ha intensificado la presión gubernamental contra la prensa crítica?

GM: Nosotros empezamos a señalar desde hace varios años el peligro que representaba el señor Rafael Correa, y esto se ha ido intensificando. Hoy por hoy el Congreso tiene en sus manos una ley que, me atrevería a decir, es una las más restrictivas en materia de libertad de prensa en el Hemisferio.

El presidente Correa, en sus programas sabatinos, primero arremete contra la prensa para minar su credibilidad. Y por otro lado, él acciona judicialmente contra los medios que dicen cosas que a él le ofenden, como sucedió con el diario El Universo, un diario con bastante balance informativo (cuatro periodistas de este diario fueron sentenciados a pagar 40 millones de dólares al presidente ecuatoriano, y además tendrán que ir a la cárcel).

C:¿Es el caso más notorio, pero al parecer no el único?

GM: Hay que recordar que el presidente Correa también ha demandado por diez millones de dólares a dos periodistas que hicieron una investigación sobre corrupción durante su régimen, investigación que convirtieron en un libro que se llama El Hermano Mayor. Estos dos periodistas están también perseguidos. Así que lo que está ocurriendo en Ecuador es dramático. Todo el andamiaje y el poder del Estado en contra de la prensa independiente.

C: Correa y Chávez parecen competir en ese terreno.

GM: Me atrevería a decir que Correa, que es un alumno de Chávez en la persecución y el control de los medios de comunicación y de la información, lo ha igualado y, en algunos casos, hasta superado.

PERÚ

C: Perú es anfitrión de la SIP este año. ¿Tiene usted algún motivo de preocupación sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú?

GM: Vemos algunos problemas que no relacionaría ni vincularía con casos como los de Venezuela y Ecuador pero sí, digamos, problemas de cierta intolerancia.

También ahora tenemos conocimiento de casos, por lo menos uno, en el que se está penalizando a periodistas por difamación y creemos que, en esto, Perú debería marcar una pauta diferente, mostrando la vocación de democracia en este país.

C: ¿Harán alguna gestión o pedido al gobierno peruano en el tema de la despenalización de delitos de prensa?

GM: Nosotros vamos a solicitar que se derogue o se quite del Código Penal la penalización por difamación, injuria y calumnia. Por eso creemos que la legislatura actual podría iniciar un cambio al Código Penal para que se despenalicen los delitos por difamación, injuria y calumnia. Ese sería un mensaje de que la justicia peruana está a favor los principios y valores de la libertad de expresión y de prensa, baluartes, sin duda, para fortalecer una democracia.

Balance negativo

Un balance negativo en materia de defensa de las libertades de expresión y de prensa en el Perú muestra el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentado ayer en la 67 Asamblea General de este organismo que se desarrolla en Lima.

El examen SIP caracteriza el período 2011, incluyendo el turbulento período de la campaña electoral, como una etapa en el que se registra "un creciente clima de intolerancia frente a la fiscalización de la prensa, evidenciada por el asesinato de tres periodistas en un periodo de tan sólo tres meses".

Precisa que la prensa se ubicó "entre dos frentes" entre abril y la toma de mando por el actual presidente, a fines de julio de 2011. Por un lado, "un vertiginoso aumento de casos de violenta hostilidad, amenazas de muerte, agresiones físicas y verbales, acoso judicial y amedrentamiento contra periodistas y medios de comunicación en diversas regiones del país".

Durante este periodo y ajenos al contexto electoral, tres periodistas fueron asesinados, mientras la impunidad en los casos de crímenes contra periodistas se mantiene incólume, refiere el informe.

El documento de la SIP menciona también los casos del periodista Jaime de Althaus, César Lévano (le enviaron dos coronas fúnebres) y diversos casos de periodistas afectados en el contexto de la campaña electoral.

Llamó la atención de la SIP la condena de prisión suspendida por dos años contra el director del diario Perú 21, Fritz Dubois, y a su corresponsal en la ciudad de Arequipa, por una de sus columnas de opinión, al referirse a una supuesta inconducta de una candidata al Congreso en la elecciones de 2011. (Diario Correo).