Reconocido jurista indica que esa institución “se ha degenerado” y solo debe aplicarse para garantizar la libertad de opinión y la no persecución política a los congresistas.
Estamos ante un Parlamento en el que por lo menos cinco congresistas son acusados de cometer delitos previos a su juramentación. Todo esto abre la discusión sobre la necesidad de mantener o no la figura de la inmunidad...
Para mí el problema se origina por un proceso degenerativo de la institución de la inmunidad parlamentaria. En su origen, la inmunidad nace para proteger el libre ejercicio de la función política en el Parlamento; es decir, garantizar que nadie será perseguido por sus opiniones y menos por su ideología, entendiendo que el Parlamento es una expresión de la pluralidad de la sociedad.
Pero eso ha ido cambiando con el tiempo...
Así es. Con el tiempo esto se ha ido ampliando y hoy en día se llega al extremo de que, inclusive, si una persona ha cometido un delito antes de ser elegido, pero todavía no se le ha abierto proceso, ya no se le puede abrir. Queda automáticamente protegido por esa inmunidad parlamentaria.
“Vacas sagradas”
Y eso permite que la inmunidad origine la impunidad...
Se ha convertido en una protección exagerada que conlleva a la impunidad, sobre todo si conjugamos esta institución degenerada con los plazos de prescripción de ciertos delitos. Entonces, estamos frente a una institución que, antes de servir a la moral pública, a la legalidad y la democracia, es todo lo contrario; porque hace del parlamentario una especie de vaca sagrada, un intocable...
Ante esta situación, ¿se debe reglamentar o eliminar la institución de la inmunidad?
Creo que hay que regresar al origen. Sobre todo en América Latina, donde desgraciadamente todavía no desaparecen las dictaduras y las persecuciones políticas, creo que es necesario que la inmunidad sea una protección del derecho de opinión del parlamentario y de no ser perseguido por razones políticas. Pero todo lo que es el respeto de la ley y tener que responder por una conducta, cuando esta se expresa en alguna comisión de delito, eso no tiene por qué ser juzgado previamente por el Parlamento. Ahí estamos creando una sobreprotección que establece que determinadas personas no son iguales ante la ley. Eso no es democrático.
Pero ahora hay quienes se amparan en la inmunidad para no enfrentar la justicia...
Entendámonos bien: en puridad de verdad, la honestidad y la transparencia obliga al Congreso a levantarles la inmunidad para que sean juzgados. Si son inocentes, regresarán; y si no, perderán el cargo. Tan sencillo como eso. Lo otro, a mi juicio, sería una muestra de condescendencia y de regresar a los tiempos del ‘otorongo no come otorongo’. El Parlamento no puede ser cómplice de que una persona quede impune porque no se le levantó la inmunidad.
La responsabilidad de los partidos políticos y del JNE
En dos meses y medio de funciones, el Congreso ya tiene 12 legisladores acusados de faltas éticas, cuando no de delitos previos a su elección.
Sí. Debo decir, para comenzar, que es lamentable que los partidos políticos que eligieron a estas personas como sus candidatos no hayan tenido mayor información sobre ellos, lo cual es una prueba de la debilidad orgánica de los mecanismos de control intrapartidos. No se puede culpar al Congreso por responsabilidades que vienen de atrás y de otras instituciones.
¿Qué otras instituciones?
Lamento mucho que el Jurado Nacional de Elecciones haya dado pase a estas personas, o bien porque no tuvo un adecuado cruce de información o porque quisieron hacerlo. Esta es una corresponsabilidad previa, y hay que decirlo. http://goo.gl/APvgc
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